IMPOSICIÓN DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC)
¿Hasta cuando la imposición del tratamiento psiquiátrico?
Desde hace algunos
días venimos siguiendo las informaciones aparecidas en medios de prensa
gallegos sobre la decisión de un juez
autorizando la terapia electroconvulsiva (TEC) a un paciente con sufrimiento
psíquico mediante internamiento psiquiátrico en contra de su voluntad.
Varios Colectivos de Apoyo
Mutuo en primera persona y desde distintos puntos del territorio nacional han
denunciado en las redes sociales la vulneración de los Derechos Humanos de este
paciente psíquico.
LOS HECHOS
Iván, de 30 años,
vecino de Arzua, acudió voluntariamente el pasado 9 de febrero a
Urgencias del Clínico de Santiago porque tenía, por primera vez en su vida, un
episodio psicótico. Después de varios días fue derivado al área de
psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, Primero con un ingreso voluntario
firmado por él mismo, que se convirtió en un ingreso involuntario cuando el
psiquiatra que lo atendía decidió que el tratamiento más adecuado eran 9
sesiones de electroshocks.
La familia, que está
en contra de dicha terapia en sintonía con el paciente, ha enviado varios
escritos a la Sección de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo para que
se paralice su aplicación. El día 22 de marzo la familia se presentó ante el
juzgado y logró paralizar la mencionada terapia, pero parece ser que el juez
volvió a autorizarla para el lunes 27 de marzo sin que hubiera ningún peligro
ni para el paciente ni para otras personas. Hasta el momento, a pesar de la
petición de la familia, el hospital se ha
negado a darle el alta a Iván, como si estuviera en régimen penitenciario. Su
abogado manifestó que “nunca ha amenazado a terceras personas”.
Posteriormente (07/04/2023) el personal sanitario del área
de psiquiatría del Hospital de Conxo impedía a la familia ver presencialmente a
su hijo hasta, por lo menos, el siguiente martes, pues así se lo hicieron saber al
padre cuando se disponía a obtener de su hijo una
autorización con la que acceder al historial médico y así examinar el
diagnóstico y tratamiento de cara a solicitar una segunda opinión, amparándose en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley Reguladora de la
Autonomía del Paciente. Ante tal atropello, la
familia decidió acudir a la Comisaría de Policía para interponer una denuncia.
¿Dónde queda el respeto a los derechos del paciente?
Desde este
Observatorio de Derechos Humanos en Salud mental queremos manifestar nuestro
apoyo al vecino de Arzua y a su familia, y denunciamos públicamente que no es tolerable
la vulneración de los derechos de este paciente al aplicarle de manera
coercitiva un tratamiento terapéutico rayando en el caciquismo psiquiátrico
mediante la connivencia entre el psiquiatra, el centro hospitalario y el juez,
lo cual corresponde a inercias de otro tiempo y que se repite con demasiada
frecuencia en algunos centros psiquiátricos.
¿En qué deontología médica se amparan los psiquiatras del
Hospital de Conxo para aplicar la terapia electroconvulsiva en contra de la
voluntad del paciente y mediante un internamiento involuntario?
Bajo la lupa de los
derechos humanos, este Observatorio entiende que la intervención realizada al
vecino de Arzua supone un hecho flagrante de vulneración de derechos. A nuestro
juicio se ha producido una reclusión
involuntaria, vestida de legalidad, que se asemeja a un secuestro carcelario
por imponer al paciente una terapia que
ha sido denunciada como tortura por grupos de personas sobrevivientes de la
psiquiatría y que ha sido prohibida en varios países.
¿Por qué no se aceptó la petición de la familia para tener
una segunda opinión?
Y aquí llegamos al
fondo de la cuestión que se plantea en esta denuncia pública. La praxis coercitiva que viene aplicando una
parte de la psiquiatría (la más conservadora) sigue en la línea de las viejas inercias impositivas que no
tienen en cuenta los derechos humanos.
Si este caso ha saltado a la opinión pública ha sido porque la familia
se ha opuesto a la terapia electroconvulsiva dado que no confiaba en los efectos
secundarios, tales como amnesia temporal o permanente y secuelas de por vida.
Pero existen otros muchos casos en los que la
indefensión del paciente con sufrimiento psíquico queda en el más absoluto
silencio cuando coinciden el psiquiatra que le atiende, la Unidad de
Hospitalización Psiquiátrica, el juez y la familia.
¿Qué paciente puede levantar esa losa impositiva? Y más
cuando está en una situación de vulnerabilidad.
¿Hasta cuándo tendremos que soportar estas prácticas que
destrozan de por vida a las personas que las sufren?
Independientemente del
resultado de la aplicación coercitiva de esta terapia que nos crea serias dudas
por los efectos secundarios que pueda producir, desde este Observatorio defendemos que “no hay recuperación sin
derechos”, y que por tanto, imponer supone atentar contra la autonomía del
paciente, quien debe superar esa cuesta tan difícil que ya de por si conlleva
el sufrimiento psíquico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el TEC como un "procedimiento mayor". Y
como tal, debe aplicarse sólo “cuando el paciente ha sido debidamente informado
y ha dado su consentimiento".
Por otra parte, la Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, dice en su preámbulo: j) Reconociendo la necesidad de
promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.
Por todo ello, seguiremos
apoyando a Iván y a su familia y denunciaremos esta situación de flagrante violación
de los derechos humanos en una Unidad Psiquiátrica como la del Hospital de Conxo
donde no es la primera vez que se atenta contra los derechos de los pacientes, habiendo
sido investigado por el Parlamento Europeo por atar y sedar a los pacientes de
manera sistemática.
Referencias al caso en
medios de prensa:
Rechazo
de una familia arzuana a un tratamiento de electroshock (elcorreogallego.es)
https://www.elcorreogallego.es/concellos/2023/03/27/claman-enviar-joven-arzua-quieren-85212999.html
Llamamiento de apoyo a IVÁN
El pasado 9 de febrero, Iván, un chico de Arzúa de 30 años, acudió voluntariamente a Urgencias del Clínico de Santiago porque tenía, por primera vez en su vida, un episodio psicótico, algo que le puede pasar a cualquiera, por ejemplo, por una situación de mucho estrés, hechos traumáticos o incluso el consumo de determinadas sustancias, algunas tan habituales como el alcohol.
Después de varios días fue derivado al área de psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, primero con un ingreso voluntario firmado por el mismo, que se convirtió en un ingreso involuntario cuando el psiquiatra que lo atendía decidió que el tratamiento más adecuado eran 9 sesiones de electroshocks.
Aunque mucha gente piensa que es cosa del pasado, lo cierto es que los electroshocks (o TEC, "terapia electroconvulsiva") son un tratamiento antiguo que se aplica de forma rutinaria en Galicia y en muchas partes del mundo desde hace más de 80 años. a pesar de haber sido denunciado como tortura por grupos de sobrevivientes de la psiquiatría y de haber sido ya prohibido en varios países.
Sergas defiende el uso del tratamiento diciendo que es seguro aunque no es curativo y puede provocar efectos secundarios graves y secuelas de por vida. La Organización Mundial de la Salud considera que esta técnica sólo debe aplicarse cuando la persona que la recibe ha sido debidamente informada y ha dado su consentimiento previo”, lo que no es el caso de Iván ya que ni él ni su familia dieron su consentimiento, sino todo lo contrario.
Los padres de Iván pidieron que le dieran el alta a su hijo para trasladarlo a una clínica privada de Sevilla llamada Samu Wellness que no aplica electroshocks, pero un juez de Santiago negó esa petición y autorizó las 9 sesiones de electroshocks en días alternos.
La familia ha librado una batalla legal incesante desde entonces, pero observan con impotencia cómo avanza este terrible procedimiento, que ya va por su 5° sesión y podría estar causando graves consecuencias para Iván. Este pasado miércoles sufrió una hemorragia nasal de origen desconocido que podría estar relacionada con los electroshocks.
Las personas y colectivos sensibilizados en la lucha contra la violencia psiquiátrica y a favor de la autonomía y libertad de las personas para elegir sobre su cuerpo y sobre los tratamientos médicos no pueden permanecer impasibles.
No podemos permitir que se administren más sesiones de electroshock a Iván, ni a ninguna otra persona que no haya dado su consentimiento informado.
Estamos tratando de organizar para los próximos días un acto de solidaridad con Iván y su familia y para denunciar esta barbarie y necesitamos saber cuánta gente podría venir.
Por favor, si estás interesado, ¡no dudes en contactar con nosotros!
¡Por el fin
de los electroshocks! ¡Por el fin de la violencia psiquiátrica! ¡Libertad para
Iván!
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