CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA TIERRA

 LOS CENTROS PSIQUIÁTRICOS EN CLAVE DE COERCIÓN

#10DdiaDDHHydelaTierra

 

10 de diciembre 2022

 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Tierra, el Observatorio de DDHH en Salud Mental reafirma su compromiso activo contra todo tipo de vulneración de derechos a las personas psiquiatrizadas, las cuales vienen sufriendo, como consecuencia del estigma, el maltrato, la discriminación y la exclusión.  Por ello, si hay un colectivo en situación de vulnerabilidad, necesitado de que se cumplan los derechos humanos, ese es el de las personas encadenadas a un diagnóstico psiquiátrico. 

Vemos que en los últimos años la salud mental se menciona en el parlamento y ocupa portadas y espacios televisivos, pero no va más allá de los eslóganes del oportunismo mediático. Pocos responsables políticos y profesionales de la salud mental están dispuestos a cambiar el modelo biomédico por una atención en la que primen los derechos de los pacientes mediante la escucha de las causas del malestar psicosocial dando voz a los propios afectados.

El recurso al tratamiento farmacológico se ha convertido en una panacea, incluso en edad temprana, que engorda año tras año a las farmacéuticas, mientras aumenta el número de crónicos  adictos a los psicofármacos  y que debido a los efectos secundarios de la medicación sobreviven en una postración social alternando periodos de estabilidad con periodos de internamiento.

En la práctica se siguen normalizando los internamientos forzosos, lo cual indica que la psiquiatría en España ha avanzado muy poco. Venimos observando quejas de personas que por una denuncia de familiares (por miedo o falta de información) son internadas de manera involuntaria en connivencia con el psiquiatra y con el visto bueno del juez, sin intentar una desescalada de la crisis. Hemos asistido a situaciones surrealistas donde un accidente fortuito de fuego se ha interpretado inmediatamente como una acción de locura asociada a un diagnóstico psiquiátrico, generando automáticamente un internamiento forzoso, sin atender a las explicaciones de la persona afectada, que en ese momento lo que necesita es ayuda para asimilar el hecho. Existen miles de casos ocultos bajo el iceberg de los más notorios. Las inercias de la coerción son muy fuertes y apenas se mueve esta tendencia de vulneración de los derechos más básicos. Nos atrevemos a decir que el internamiento forzoso supone la privación de libertad de una persona, como si de un malhechor se tratara, además de la aplicación de ataduras y sedación química con aislamiento de castigo. Vamos, el pack completo de privación de libertad y tortura. Si esto no es una vulneración flagrante de los derechos humanos, veamos lo que dice el Informe 2020 del Relator Especial de la ONU cuando señala que tales prácticas podrían ser equiparables a tortura: “generalmente implican intentos altamente discriminatorios y coercitivos para controlar o ‘corregir’ la personalidad, el comportamiento o las elecciones de la víctima, y casi siempre infligen dolor o sufrimiento severo». 

En la actualidad, las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica Breve (sin dejar de lado los Centros de media y larga estancia que agravan la coerción), siguen recurriendo a las viejas inercias (contenciones mecánicas o químicas), al margen de los derechos humanos de los pacientes, dejando una secuela de traumas difíciles de superar por las personas que los vienen sufriendo. En este sentido, observamos que algunos cargos institucionales de renombrado prestigio ponen el grito en el cielo cuando los Colectivos en Primera Persona demandan con urgencia que se eliminen tales prácticas de tortura y relaman #0contenciones. Pero este objetivo se pospone como algo inalcanzable mientras se edulcora la práctica de atar y aislar con el eufemismo de Inmovilización terapéutica (IT).

Todo ello subyace arraigado en el sistema de atención psiquiátrica (al margen de algunas propuestas de la AEN que intentan cambiar la tendencia coercitiva). La escusa es la de siempre: la seguridad de la propia persona y del entorno.  En la práctica es una puerta por la que se cuelan las viejas inercias de una praxis coercitiva que se activa por sistema; ni siquiera como excepción como prescriben los protocolos al respecto. Un círculo vicioso del que no se sale por muchos motivos, entre ellos porque es la vía más cómoda, a pesar de que esta vía es condenada a nivel teórico. 

Ante esta vulneración de derechos en la praxis del sistema de atención psiquiátrica, cabe hacer referencia al Informe 2020 del Relator Especial de la ONU, quien recomienda en la conclusión 8.7(b) que las organizaciones que representan a la profesión psiquiátrica consideren la necesidad de reducir radicalmente la coacción, la medicalización excesiva, la institucionalización y todas las formas de discriminación contra las personas con problemas de salud mental y otras vulneraciones de los derechos humanos.

Y por todo ello estamos aquí quienes hemos sufrido en primera persona prácticas vejatorias y la vulneración de nuestros derechos a nivel institucional así como la discriminación y exclusión social como consecuencia del estigma. Los colectivos entre los que se encuentra el Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental decimos BASTA YA a tales prácticas y buscamos una salida a la precaria situación en que vivimos a través de los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), reivindicando de paso salir del rincón donde nos ha recluido el sistema, y reclamando el protagonismo ante las instituciones porque nadie debe decidir por nosotras y nosotros. Nos apoyamos para nuestro activismo en el Informe 2020 del Relator Especial de la ONU que en la conclusión 8.6(a) recomienda un enfoque de la salud mental basado en los Derechos Humanos con la participación inclusiva de los propios afectados. 

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA TIERRA